Ante la iniciativa filtrada desde el Ministerio de Economía de desregularizar el binomio propiedad-titularidad de la oficina de farmacia, innumerables voces se han erigido contrarias a dicha propuesta. Partidos políticos, Comunidades Autónomas, la Alianza General de pacientes o Instituciones y organismos entre otras han expresado su oposición a que este Anteproyecto de ley siga adelante. Por ese motivo, FEFE quieren mostrar su agradecimiento a todos aquellos que han presentado su apoyo y a los que se han adherido a su Manifiesto en contra de esta posible desregularización.
Son diarias las voces que ponen en tela de juicio la viabilidad de esta iniciativa que dejaría en manos de grandes capitales un servicio esencial y de interés público como el farmacéutico, donde la Administración poco o nada podría intervenir en ese libre mercado, y pondría en riesgo el acceso de los pacientes a su medicación, puesto que, debido a intereses comerciales, dejaría de estar garantizada la proximidad y capilaridad así como la accesibilidad al medicamento en todas las farmacias del territorio nacional.
En los últimos días, otras instituciones se han unido al Manifiesto promovido por FEFE y FENOFAR en su lucha por demostrar los perjuicios que un sistema desregulado ocasionaría sobre los pacientes y la Sanidad española.
Este manifiesto ha sido firmado a día de hoy por CEPYME, AESEG, COFAM88 (Club de Opinión Farmacéutico Malagueño), CES (Confederación Empresarial Sevillana), CEZ (Confederación Empresarial de Zaragoza), La Cámara de Comercio de Zaragoza, La Cámara de Comercio de Santiago de Compostela, FEDIFAR, FACUA Andalucía, AMAF (Asociación Madrileña de Asesores de Farmacia) y el Centro Canario Nacionalista que se unen así a FEFE Y FENOFAR en sus reivindicaciones ante este borrador de Anteproyecto de Ley que supondría el fin del binomio propiedad/titularidad vigente en 13 países de la Unión Europea, entre ellos Alemania, Francia e Italia.
Colectivos como la Alianza General de Pacientes, ANEFP, Comunidades Autónomas como Andalucía, Galicia, Extremadura, Aragón, Murcia y Navarra o los principales partidos del arco parlamentario (PP, PSOE, CIU, PNV, IU) junto con el Ministerio de Sanidad ya se han mostrado abiertamente contrarios al cambio de modelo y piden que se reconsidere el planteamiento de una norma que supondría más perjuicios que beneficios para todo el sistema.
