Ante la aprobación del Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones, Fefe considera que se produce una amplia modificación legislativa que afecta a leyes tan importantes como la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud o la Ley de Garantías, a la vez que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la necesaria trasposición de varias Directivas Europeas abusando, como el anterior Gobierno, de la vía del RDL que hurta el derecho de participación a todos los agentes implicados.
Hasta ayer todos los españoles éramos titulares del derecho a la protección de la salud y a la prestación sanitaria. Tras la modificación de la Ley de Cohesión que implica este RDL, los ciudadanos españoles van a tener que acreditar la condición de asegurado. Supone, por lo tanto, una limitación al derecho a la salud y la prevención de la enfermedad, que está contemplado en la Constitución.
Nuevas medidas sobre la oferta
Algunas de estas modificaciones adolecen de falta de transparencia, ya que no fueron expuestas ni en el Comité Consultivo del Consejo Interterritorial ni fueron comunicadas tras el Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud ni después del Consejo de Ministros. De hecho, en su comparecencia, la Ministra no realizó ninguna mención a ellas. Sin embargo son de importante impacto económico para el sector farmacéutico.
Fefe se sorprende de que nuevamente se vuelvan a aplicar medidas sobre la oferta, a pesar de que éstas están ya agotadas, poniendo en riesgo la viabilidad de las farmacias y de los puestos de trabajo.
Una vez más se vuelve a incidir en las escalas de deducciones, que si bien es cierto que mejoran mínimamente la situación de las farmacias de menor facturación, generada por la aplicación de todos los RDL anteriores, también cabe destacar que penalizan de forma desproporcionada al resto. A partir de una facturación media se aumenta el porcentaje de cada escala en más de un 5%, llegando en los últimos tramos a una incautación superior al Margen Bruto correspondiente a ese tramo, obligando a una dispensación a pérdidas que de ningún modo puede tener cobertura legal.
Fefe entiende que habrá una rectificación de las escalas presentadas por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, porque está convencida de que son erróneas.
Alerta por un incremento del paro
Fefe pronostica fatales consecuencias derivadas de esta medida y contrarias a la aspiración del Real Decreto aprobado, ya que empeorará la calidad y seguridad de las prestaciones farmacéuticas.
Además, la Federación de Empresarios de Farmacia Españoles teme que esta doble imposición va a producir una restricción de stocks, numerosos despidos laborales y una reducción de horarios.
Fefe, insiste en que, además, se va a producir una menor recaudación vía impuestos, se pagarán menos cuotas a la Seguridad Social y, por lo tanto, se reducirá el consumo y se incrementará el gasto de la Administración Pública en prestaciones por desempleo.
Incertidumbre ante la duplicidad de servicios de farmacia
Fefe recuerda que según la legislación vigente y no modificada por este RDL, la Oficina de Farmacia es el único establecimiento autorizado para la dispensación de medicamentos al público.
Sin embargo, el nuevo Real Decreto habla de una "prestación ambulatoria de servicios de farmacia" que no está definida en la Ley de Garantías, lo que genera recelo e incertidumbre entre los profesionales farmacéuticos y entre los usuarios del sistema.
La Farmacia, eje de la sostenibilidad del SNS
Fefe recuerda que las oficinas de Farmacia soportan desde el año 2.000 una doble imposición recogida en el RDL 5/2000, que ha sufrido modificaciones a lo largo de los años, siendo la última a través de otro Real Decreto Ley 4/2010.
Esta doble imposición, unida a los descuentos del 7,5% y 15% impuestos por los también RDL 8/2010 y 9/2011, supusieron en el año 2011 una aportación de la Oficina de Farmacia a la sostenibilidad del sistema que supera los 900 millones de euros, cifra superior a la aportación realizada por todos los ciudadanos del Estado en el mismo periodo de tiempo. A todo esto hay que añadir el coste que soporta la farmacia derivado de los reiterados impagos y los correspondientes intereses generados por ellos.
