El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha criticado las medidas propuestas en el informe presentado este jueves por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de extender el modelo de subasta de medicamentos de Andalucía, y advierte de su falta de equidad, de los riesgos de desabastecimiento y del perjuicio en la adherencia a los tratamientos a los pacientes.
Considera que el medicamento debe ser valorado como un bien social y no como un producto de consumo, lamentando en este sentido que el modelo planteado solo atienda a objetivos de ingeniería financiera genética y no a las necesidades sanitarias de la población.
Denuncia, igualmente, que dicho informe no ofrezca una estimación precisa del alcance de ahorro previsto, sino que extrapola datos de una sola autonomía al conjunto del Estado, y recuerda que el 48 por ciento de los medicamentos no disponibles actualmente en las farmacias son fármacos incluidos en las subastas andaluzas, comunidad que, según la corporación farmacéutica, ha anunciado su retirada por la complejidad y los problemas provocados.
Por otro lado, el Consejo sí comparte del informe la supresión de la deducción del 7,5 por ciento aplicada a los medicamentos innovadores, reivindicación propuesta por la organización, y que se aplica a todas las farmacias, independientemente de su tamaño.
En cuanto al desarrollo de servicios asistenciales por el farmacéutico, que menciona AIReF, el Consejo General cree que supone un avance en el reconocimiento de la Farmacia Asistencial, si bien no podría paliar el efecto negativo del resto de medidas.
A las administraciones
En opinión de Jesús Aguilar, presidente del Consejo de farmacéuticos, “esos efectos, que a priori no se ven, acabarán deteriorando la prestación farmacéutica que reciben los ciudadanos. Subasta y salud es un binomio difícil de entender para nuestros pacientes y nuestros mayores con enfermedades crónicas. Ningún paciente entendería, ni aceptaría, que su medicación dependa del mejor postor en cada momento, porque la salud y los tratamientos farmacológicos no pueden depender del código postal de los pacientes”.
El Consejo General reclama a las administraciones objetividad y profundidad a la hora de valorar el impacto social y sanitario de las medidas propuestas por AIReF, teniendo en cuenta la realidad plural de la farmacia en las diferentes autonomías. Recuerda también que el medicamento a través de receta -representando solo el 17 por ciento del gasto sanitario total- ha sido el origen del 49 por ciento de todos los ahorros generados en el sector sanitario en su conjunto: un total de 20.800 millones de euros entre 2009 y 2018.
Por último, advierte de la necesidad de garantizar y potenciar un modelo prestación que permite el acceso y la asistencia sanitaria a los 47 millones de españoles a través de la red de farmacias comunitarias más social y capilar de Europa con 22.000 centros sanitarios, 50.000 farmacéuticos y con una generación de empleo directo de 90.000 profesionales.
