Ante la publicación, este jueves, del Informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre evaluación del gasto en medicamentos dispensados a través de receta, la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR) considera que algunas de las medidas, como son las subastas de medicamentos a nivel nacional, “no son el camino adecuado” que debe seguir el Sistema Nacional de Salud (SNS).
En este sentido, su presidente, Eladio González Miñor, alerta de los perjuicios que esas medidas pueden causar tanto a los agentes que intervienen en la cadena de suministro como al resto de la sociedad, y considera un error la implantación de un sistema de subastas a nivel nacional, ya que, en su opinión, sería muy complicado cubrir las faltas porque ninguna compañía que no participase en esa puja tendría un producto que no va a vender.
En cuanto a su utilidad como herramienta de control del gasto farmacéutico, opina que el Gobierno tiene ya herramientas suficientes para esa función, “menos dañinas” y con el mismo objetivo de ahorro. Es el caso de los precios de referencia, los precios notificados que recoge la Ley de Garantías, etc.
Más perjuicios
Para Miñor, contrario al concepto de subastar al mejor postor un bien de salud como son los medicamentos, “una subasta de medicamentos causa mayores perjuicios a los operadores que ahorros obtiene el sistema y, sobre todo, pone en riesgo y compromete el correcto acceso de los pacientes a los tratamientos que necesitan”.
Recordando experiencias como la de Andalucía con el sistema de subastas, el presidente de Fedifar considera que “han puesto en evidencia que las subastas de medicamentos pueden derivar en graves problemas de abastecimiento de medicamentos”, y añade: “Extender este tipo de experiencias a nivel nacional es sumamente complejo y arriesgado, no solo desde el punto de vista económico sino en algo que nos preocupa mucho más: en términos de salud para los ciudadanos”.
Finalmente, González Miñor insiste en la necesidad de que las autoridades cuenten con los agentes que conforman la cadena de suministro de medicamentos a la hora de tomar decisiones que afectan a la salud de los ciudadanos.
