La Organización Mundial de la Salud se fundó sobre la base del principio de que todas las personas deberían poder hacer efectivo su derecho al grado máximo de salud que se pueda lograr. Por lo tanto, la “Salud para todos” ha sido la visión que ha guiado a esta institución a lo largo de más de siete decenios. Pero ahora se quiere dar un impulso más en este ámbito, animando a todos los países (y especialmente a los decisores políticos y sanitarios) a avanzar hacia la cobertura sanitaria universal (CSU), facilitando que los ciudadanos tengan acceso a servicios de salud esenciales y de calidad sin tener que pasar apuros económicos por ello.
La CSU permite a todas las personas acceder a servicios que tratan las principales causas de morbilidad y mortalidad, y garantiza que la calidad de esos servicios sea lo suficientemente buena como para mejorar la salud de las personas que los reciben.
Desde la OMS se demanda a los líderes mundiales que respeten los compromisos que contrajeron cuando acordaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015, y que se comprometan a adoptar medidas concretas para promover la salud de todas las personas. Y es que, como se subraya desde esta institución, “la cobertura sanitaria universal se logra cuando existe una firme determinación política”.
Desde la máxima institución mundial en el ámbito de la salud se asegura que “los países que invierten en la CSU realizan una importante inversión en su capital humano” y, al mismo tiempo, se reconoce que en los últimos decenios la CSU ha surgido como una estrategia clave para avanzar hacia la consecución de otros objetivos relacionados con la salud y de desarrollo más amplios.
Se considera, por tanto, que el acceso a cuidados esenciales y de calidad, y a la protección financiera, no solo mejora la salud de las personas y su esperanza de vida, sino que también protege a los países de las epidemias, reduce la pobreza y el riesgo de padecer hambre, crea empleos, impulsa el crecimiento económico y promueve la igualdad de género.
Según se reclama desde la OMS, todo el mundo tiene un papel que desempeñar, estimulando las conversaciones y contribuyendo a un diálogo estructurado sobre las políticas que pueden ayudar a su país a alcanzar y mantener la cobertura sanitaria universal.
A los gobiernos y decisores de salud se les exige, básicamente, que dialoguen con las partes afectadas, que recojan sus demandas, opiniones y expectativas sobre asuntos relacionados con la CSU a fin de mejorar las respuestas políticas, y que colaboren con las organizaciones comunitarias y los defensores de la cobertura sanitaria universal para estudiar soluciones viables en este ámbito.
Las consecuencias de la crisis económica aún son perceptibles en muchos países, obligando a los gobiernos a tomar medidas restrictivas, pero “estas deberían ser compatibles con el mantenimiento del derecho a la salud de las personas”, resalta José Luis Llisterri, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), quien reclama “buscar soluciones reales que no supongan dificultar la atención a esos pacientes y que contribuyan de manera eficaz y eficiente a la sostenibilidad del sistema sanitario”.
Generalmente, las personas más afectadas por la falta de aplicación de la cobertura universal sanitaria son aquellas con más dificultades económicas, con menos recursos, y con una gran problemática social, “por lo que es especialmente injusto que no se aplique este derecho universal para el desarrollo vital y fundamental de una persona”, denuncia el presidente de SEMERGEN.
Objetivos del Día Mundial
Algunos países ya han logrado importantes avances hacia la cobertura sanitaria universal y, por ejemplo, en los más ricos de Europa, América Latina y partes de Asia, se han alcanzado niveles elevados de acceso a los servicios sanitarios. Aun así, la mitad de la población mundial todavía no puede acceder a los servicios de salud que precisa. Si los países quieren alcanzar la meta de los ODS, mil millones más de personas deberán beneficiarse de la CSU de aquí a 2023.
Casi 100 millones de personas se ven sumidas en la pobreza extrema y obligadas a sobrevivir con tan solo $1,90 o menos al día, porque tienen que pagar los servicios de salud de su propio bolsillo. Más de 800 millones de personas (casi el 12 por ciento) se gastan como mínimo el 10 por ciento del presupuesto familiar en gastos de salud para sí mismos, un hijo u otros familiares enfermos, incurriendo en lo que se ha denominado “gastos catastróficos” para los cuidados médicos.
Partiendo de esta realidad, el Día Mundial de la Salud pone en el candelero la necesidad de la CSU y los beneficios que puede aportar. La OMS y sus asociados intercambiarán ejemplos de medidas que pueden adoptar para lograr esta cobertura sanitaria universal mediante una serie de actos y conversaciones que se celebrarán en distintos niveles. Como ha afirmado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, “nadie debería tener que elegir entre la muerte y las dificultades económicas, nadie debería tener que elegir entre comprar medicamentos y comprar alimentos”. Pero este interés no se circunscribe a las actividades que se llevan a cabo el 7 de abril, sino que se han previsto diferentes iniciativas de difusión y concienciación a lo largo de todo el 2018.
En el ámbito de la CSU, España atraviesa por un buen momento. Como reconoce el senador Jesús Aguirre, coordinador de Política Sanitaria del PP Andalucía, “la característica más importante de nuestro magnífico sistema sanitario es que es de carácter público, con una muy buena asistencia sanitaria gratuita y de calidad; además, existe una cobertura sanitaria universal”. A su juicio, “en los últimos años se ha conseguido que todos los españoles y residentes en España tengan reconocido su derecho a la asistencia sanitaria, se ha clarificado el concepto de asegurado y beneficiario, y se ha reconocido el derecho a personas que durante décadas estuvieron excluidas del sistema (abogados, arquitectos, ingenieros o parados de larga duración)”.
Para el senador del PP, “en España no se advierten déficits en este ámbito entre españoles y residentes legalmente establecidos, con una universalización muy importante de la cobertura sanitaria en los últimos años”.
Por el contrario, para el portavoz de Sanidad del PSOE en el Senado, José Martínez Olmos, “la campaña de la OMS pone de manifiesto la necesidad de derogar el Real Decreto Ley 16/2012, que acabó con el modelo de cobertura universal que había en nuestro país hasta ese momento”. Este Real Decreto finiquitó el modelo de cobertura sanitaria establecido en la Ley de Cohesión y Calidad del SNS de 2003 y la Ley General de Salud Pública de 2011. Para Martínez Olmos, “fue un paso atrás inadmisible que afecta a miles de personas en nuestro país; es un asunto sobre el que organizaciones profesionales, ONGs y varios partidos trabajamos para conseguir su derogación inmediata”.
En esta línea, José Francisco Díaz, coordinador del Grupo de Trabajo de Bioética y Humanidades de SEMERGEN, reconoce que “aún quedan en nuestro país algunos colectivos con mayores dificultades para acceder a los recursos sanitarios, por la marginación que sufren o por la falta de los medios necesarios para hacerlo”. En ocasiones, esa marginación tiene un componente de voluntariedad que complica su asistencia, pudiendo incluso llegar a generar problemas de salud pública; “esto puede ocurrir con determinados grupos étnicos o de ideologías muy concretas”, señala Díaz.
En cuanto a los ciudadanos de origen extranjero que se encuentran en España en situación administrativa irregular, el senador Jesús Aguirre asegura que “nuestro país cuenta con el marco jurídico de mayor protección a personas sin derecho a cobertura sanitaria de toda Europa: sin duda, es el mejor y más solidario, con garantía absoluta de asistencia sanitaria en todos los casos de urgencias por enfermedad grave o accidente hasta el alta médica, asistencia al embarazo, parto y puerperio, programas de protección de la salud y de prevención pública, prestaciones a menores de 18 años, promoción de la salud, prevención de enfermedades, cartera básica de servicios y tratamiento farmacológico”. En síntesis, asegura Jesús Aguirre, “siempre que el irregular carezca de recursos económicos, la atención sanitaria será la que necesite”.
Sin desigualdades manifiestas
El Consejo Interterritorial intenta minimizar, o directamente eliminar, las diferencias entre comunidades autónomas en sus carteras de servicios sanitarios, estableciendo unos mínimos. Así, a pesar de que las competencias en Sanidad en su gran mayoría dependen de políticas autonómicas, a nivel de coberturas esenciales existe una gran homogeneidad en todo el territorio estatal.
Si bien existe una igualdad básica de todos los ciudadanos en el acceso a la Sanidad pública, se advierten algunas inequidades sutiles en virtud de la localización geográfica dentro de España. Según explica Jesús Aguirre, “necesitamos una Sanidad más cohesionada, y así garantizar el acceso a las prestaciones sanitarias de todos los ciudadanos en condiciones de equidad e igualdad efectiva con independencia de su comunidad de residencia; aún hay que dar más pasos para transformar 17 sistemas en un único Sistema Nacional de Salud, con prestaciones homogéneas, más eficaces y más seguras”.
Y es que, según el senador del PP, “actualmente son palmarias las inequidades entre comunidades autónomas: en el acceso a medicamentos o en la aplicación de la propia cartera de servicios del SNS (cribado del cáncer de colon, fecundacioneso técnicas de diagnóostico y quirúrgicas…), pasando por las grandes diferencias entre los propios profesionales sanitarios según la comunidad autónoma en que vivan (complemento de exclusividad, retribuciones complementarias, retribuciones por guardias, tipos de contratos u OPE)”.
Para el portavoz de Sanidad del PSOE en el Senado, “aun siendo grave la existencia de inequidades, es infinitamente más grave la ausencia de políticas que luchen contra la desigualdad desde el ámbito que tiene las competencias en materia de equidad”, declara Martínez Olmos, quien apunta directamente al Ministerio de Sanidad, criticando “la falta de políticas de cohesión, de fondos para ello y de planes de corrección de desigualdades, que son algunas de las vías esenciales para atajar las desigualdades en salud”.
Más allá del marco legislativo, existen otros determinantes geográficos que pueden afectar al acceso a la sanidad. Según Javier Sanz García, coordinador del Grupo de Trabajo de Gestión Sanitaria de SEMERGEN, “en este sentido, sí podemos encontrar algunas desigualdades”.
Por ejemplo, ante la necesidad de un cateterismo de urgencia, va a tener más posibilidades de recibir ese tratamiento a tiempo una persona que vive en entornos urbanos que si habita en alguna población alejada de grandes urbes y con acceso por carretera complejo. De igual manera, habitantes de barrios con una pobre planificación urbana, sin apenas servicios o zonas verdes, van a sufrir un mayor hándicap en su salud que aquellos que vivan en entornos con aire limpio y con fácil acceso a zonas en las que realizar actividad física.
En el caso de España, como asegura Jaime del Barrio, presidente de la Asociación de Salud Digital, “una vez conseguido el objetivo de la CSU, tendríamos que haber hecho hace tiempo la transformación digital en el sector de la salud, para conseguir la equidad, ya que dependiendo del lugar donde se resida el acceso a los recursos de salud es distinto, existiendo una variabilidad muy alta”.
Los desarrollos tecnológicos ya hacen posible, por ejemplo, compartir la historia clínica, pruebas complementarias o tratamientos, todo en beneficio del paciente y sus familias. Sin embargo, como puntualiza Jaime del Barrio, “la realidad es muy tozuda y, aunque hablamos de un Sistema Nacional de Salud, la realidad es que hay un sistema sanitario por cada servicio regional de salud y, en algunos casos, varios dentro de estos”.
Según denuncia este experto en e-Salud, “sigue sin estar resuelta la conectividad e interoperabilidad de todos los agentes del Sistema Nacional de Salud, algo injustificable en estos momentos dados los avances tecnológicos que hay en este campo”. Además, a su juicio, “en épocas de dificultades económicas, la nuevas tecnologías son nuestro mejor aliado: está más que demostrada su aplicabilidad, excelencia y capacidad para mejorar indicadores de resultados en salud y la optimización de recursos sanitarios”, afirma Jaime del Barrio.
